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Ponencia del Presidente de IAEM-España en el IX Congreso de APIA
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- Creado en Miércoles, 23 Noviembre 2011 20:28
- Última actualización en Jueves, 05 Abril 2012 18:32
- Escrito por IAEM-España
IX Congreso de APIA
Mesa redonda: «Energía y Catástrofes»
Caixa Forum de Madrid
23 de noviembre de 2011
Intervención de JOSE A. APARICIO FLORIDO
Presidente de IAEM-España
El 26 de abril de 1986 tuvo lugar el mayor de los desastres medioambientales de la historia al producirse un accidente nuclear en la central de Chernóbil, que causó una alerta radiológica internacional en la que 13 países europeos vieron cómo dentro de su territorio nacional se incrementaban peligrosamente los niveles de radiactividad en la atmósfera.
Fue el momento más álgido de una larga serie de accidentes químicos graves que habían marcado la década anterior, protagonizada por los accidentes de Flixborough (1974), Seveso (1976), Amoco Cádiz (1978), Cubatao (febrero, 1984), San Juanico (noviembre, 1984) y Bhopal (diciembre, 1984) como catástrofes industriales, sociales y medioambientales de enorme magnitud.
Tras el accidente de Chernóbil, el famoso sociólogo alemán Ulrich Beck publicó en 1986 su libro La Sociedad del Riesgo, en el que afirmaba que las catástrofes no solo no tienen un carácter local sino que sus efectos viajan con el agua, el aire y los alimentos. Por este motivo nadie está exento de resultar afectado por los riesgos que otros generan o por los riesgos que nosotros mismos —conscientes del peligro de los productos nocivos que manejamos— hemos pretendido trasladar a países menos desarrollados y menos exigentes con la seguridad laboral, industrial y medioambiental.
Ulrich Beck fue muy criticado por ello y tachado como investigador catastrofista, a lo que Beck respondió publicando diez años después un nuevo libro con el título La Sociedad del Riesgo Global, reafirmándose por supuesto en sus planteamientos iniciales.
Los riesgos industriales que durante décadas los países industrializados han seguido exportando a países necesitados de industrialización tienen ahora un efecto «boomerang» con el tan nombrado «cambio climático». Es decir, que los «riesgos de la mordenización afectan más tarde o más temprano también a quienes los producen o a quienes se benefician de ellos».
Para mayor preocupación, el extraordinario desarrollo y utilización de los medios de transporte internacionales e intercontinentales ha multiplicado y acelerado los canales de propagación de los riesgos locales, de modo que ahora no solo se expanden por el aire, el agua y los alimentos, como afirmaba Ulrich Beck, sino también a través de las personas y de los animales, como los recientes casos de virus pandémicos de la gripe aviaria (H5N1) de 2005 y la nueva gripe (H1N1) de 2009.
Por tanto queda claro que la Protección Civil debe mirar mucho más allá del riesgo local a la hora de planificar los riesgos a los que las comunidades están expuestos y mostrar mayor interés por los riesgos industriales y epidemiológicos, que en mayor o menor medida pueden provocar graves o irreversibles impactos sobre la población y el medio ambiente.
Sin embargo, existe un problema de base difícilmente conciliable y es que, mientras los desastres de origen natural (tornados, terremotos, huracanes, tsunamis, erupciones volcánicas, inundaciones, etc.) obedecen a una etiología no controlable por el ser humano —a los que en el pasado se atribuyeron origen divino— los desastres industriales tienen una causa normalmente antrópica y en no pocas ocasiones de carácter penal o incluso criminal. Por este motivo, los periodistas de la información ambiental y los profesionales de la gestión de emergencias encontramos hoy día —y seguiremos encontrando en el futuro— demasiadas dificultades que impedirán conocer en profundidad las causas y los efectos de cualquier incidente socialmente alarmante, al igual que tampoco conoceremos si la gestión y actuaciones de las autoridades públicas fueron las correctas durante una emergencia declarada.
Además, la investigación rigurosa de estos accidentes en la búsqueda del esclarecimiento de la verdad y del alcance de sus efectos se enfrenta de pleno con intereses contrarios de tipo político, económico, social y, ¿por qué no?, lucrativo. Entre otras cosas, porque es muy difícil competir con otros países en los que las medidas de seguridad exigidas son mínimas o inexistentes.
Podemos poner como ejemplo la explosión e incendio de un cubeto de tanques de combustible acaecida en la refinería de Puertollano el 14 de agosto de 2003, que provocó la muerte de 9 operarios y una inmensa columna de humo negro visible desde puntos muy lejanos. En este caso, las autoridades de Castilla-La Mancha no activaron el Plan de Emergencia Exterior, lo que significa una decisión irracional y contraria a la normativa en vigor en materia de Protección Civil. Según confirma el Diario de Sesiones de las Cortes de Castilla-La Mancha (VI Legislatura, núm. 4, año 2003), dicho plan no se activó porque «no se dieron las condiciones objetivas necesarias para activar el plan de emergencia exterior en Puertollano, ya que el incendio se mantuvo confinado en el cubeto». Pero esta explicación lo que manifiesta es un desconocimiento incomprensible de la Directriz Básica del Riesgo Químico de 1991, entonces en vigor, donde se dice claramente que en los accidentes de categoría 2 ó 3 se activará siempre el Plan de Emergencia Exterior. Y lo cierto es que el accidente de Puertollano fue de categoría 2 (víctimas y daños materiales dentro de la instalación), lo cual debería haber llevado a la autoridad competente a activarlo de forma inmediata, aunque solo fuese para mantener informada a la población. El desconocimiento y la desinformación de los profesionales de la información y de la población en general jugó entonces a favor de otros intereses no bien aclarados.
El suceso de Puertollano y la escasa información facilitada a la opinión pública contrasta opuestamente con lo ocurrido en un suceso similar en la planta de almacenaje de hidrocarburos de Buncefield (Inglaterra) el 11 de diciembre de 2005. En este otro caso, a los cinco días de la catástrofe el Gobierno británico ordenó una profunda investigación oficial a través de una comisión de trabajo que culminó sus estudios en un extenso informe publicado en una web monográfica que todavía puede ser consultada en internet por el público general
(http://www.buncefieldinvestigation.gov.uk).
Esto es así porque en España los resultados de las investigaciones de los accidentes industriales, si es que llegan a realizarse, raramente se publican completos. La información suele llegar sesgada y a retazos, además de tarde. Los profesionales tenemos no pocas experiencias de cómo la información se manipula, recortando y omitiendo datos que no interesan, por distintos motivos, las más de las veces de carácter político o económico. De la rotura de la balsa de residuos de metales pesados de Aznalcóllar acaecida el 25 de abril de 1998 es bien poco lo que sabemos y mucho lo que no sabemos. Toda la responsabilidad recayó sobre una empresa e n quiebra, Boliden-Apirsa, que ni siquiera hizo frente al pago de las indemnizaciones. Sin embargo, nada sabemos de adónde fueron a parar las denuncias que desde 1994 advertían de los defectos y anomalías que se estaban registrando en Aznalcóllar, ni qué parte de responsabilidad tenía la Administración competente en evitar la catástrofe final, ya que desde 1995 obraban en su poder algunas de estas denuncias. Fue precisamente un periodista de la información ambiental, Rogelio Fernández, quien llegó a lo más profundo de la investigación al sacar a la luz unos trabajos del CSIC publicados en la década de 1980 y principios de los 90 en los que se advertía de la peligrosidad de la balsa de Aznalcóllar.
A pesar de la reiteración de casos como éste, no existe todavía a nivel nacional una Directriz Básica de Protección Civil que marque las pautas a seguir para la elaboración de Planes Especiales que sepan hacer frente a la contaminación medioambiental por vertidos tóxicos, como por ejemplo el de hidrocarburos, que es una de las mayores lacras que afectan a la franja litoral costera y especialmente en aquellos puntos receptores de grandes petroleros, como Galicia y la Bahía de Algeciras.
Lo cierto es que la contaminación medioambiental es, junto al riesgo sísmico y volcánico (acordémonos del Eijafjalla Jökull), el que puede afectar a un mayor número de población debido a su capacidad de expandirse y a la facilidad que encuentra para ser transportado por distintas vías y elementos hasta grandes distancias transfronterizas. Pero precisamente por esto requiere una mayor atención por parte de Protección Civil y un mejor y más profundo tratamiento informativo por parte de los profesionales de la comunicación; o quizá, visto desde otra perspectiva, tal vez sea necesaria una mayor implicación, perseverancia y beligerancia por parte de los periodistas de la información ambiental que despierte la conciencia dormida de algunos responsables políticos.
La tarea no será fácil, ya que se parte de la idea de que los causantes de la contaminación, es decir, las industrias químicas, no cooperarán todo lo que quisiéramos en el esclarecimiento de los accidentes industriales. Tanto es así que una de las primeras acciones del comité de investigación del incidente de Buncefield fue evitar que los dueños de la planta ocultaran pruebas que eludieran su responsabilidad. Esto ya ocurrió en España tras el incidente ocurrido en la central nuclear de Ascó el 27 de noviembre de 2007, cuando unas operaciones de limpieza causaron la contaminación del sistema de ventilación y de ahí la emisión a la atmósfera de partículas radiactivas cuya actividad alcanzó los 19,5 millones de Bq. El titular de la instalación ocultó estos datos y minimizó entonces la gravedad del accidente, hasta que el 4 de abril de 2008 (4 meses después) el CSN se dio cuenta de lo que ocurrió realmente tras inspeccionar el exterior de la planta y medir las radiaciones al aire libre. Lógicamente el responsable de la central fue inmediatamente destituido.
Por otra parte, los tediosos e interminables procesos judiciales abiertos contra los gigantes de la industria química también actúan en contra de los profesionales de la información, ya que la noticia pierde interés entre la opinión pública con el paso del tiempo, sea cual sea la magnitud del desastre.
Y como losa final, está el hecho de que el riesgo de contaminación ambiental es con frecuencia el más invisible de todos. Su difícil percepción sensorial y la lenta aparición de sus efectos perjudiciales, que a veces se hacen patentes en las generaciones siguientes (afecciones cutáneas, alteraciones genéticas, malformaciones físicas, cáncer, etc.), favorecen la posibilidad de que estos riesgos puedan ser ocultados, subestimados o incluso negados. Este es el caso de las sequías, la sobreexplotación de acuíferos, el smog, el ozono troposférico, las emanaciones industriales, etc.
No cabe duda de que hace falta una formación específica y continua por parte de los analistas y de los profesionales de la información, para saber interpretar en todo momento las noticias relacionadas con el medio ambiente, evitando la alarma injustificada y el catastrofismo, pero sin dejarse arrastrar por quienes, aprovechándose de los vacíos del conocimiento humano, manipulan la información en función de unos intereses, en los que a veces brillan por su ausencia la seguridad pública, la protección del medio ambiente... o el derecho a la información.
